Redacción Abierta
El Gobierno de la Provincia de Neuquén presentó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) su innovador modelo de financiamiento público-privado para la construcción y mantenimiento de rutas, consolidando una experiencia única en materia de articulación empresarial que vincula el desarrollo de Vaca Muerta con la infraestructura vial provincial.
El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, fue el encargado de exponer el Modelo Neuquino para la pavimentación y repavimentación de rutas durante las jornadas Diálogo Regional de Políticas de la División de Gestión Fiscal, que reunieron a autoridades económicas y fiscales de América Latina y el Caribe en el intercambio de experiencias sobre eficiencia tributaria, gasto público y descentralización. La presentación fue realizada bajo el impulso del gobernador Rolando Figueroa, quien ha priorizado esta estrategia de sostenibilidad fiscal basada en la responsabilidad compartida con las empresas operadoras del sector hidrocarburífero.
La iniciativa neuquina surge de una realidad concreta: las rutas provinciales sufren un deterioro acelerado por el tránsito intensivo de equipos y personal vinculados a la explotación de Vaca Muerta, generando mayores índices de siniestralidad, congestión y degradación acelerada de las calzadas. Ante este escenario, el Gobierno provincial articuló un esquema donde las empresas que utilizan intensivamente esa infraestructura asumieron un compromiso activo con su conservación, reparación y ampliación. Se trata de una propuesta donde la corresponsabilidad no es voluntaria sino estratégicamente vinculada a los proyectos energéticos, integrando obras o pagos como parte del valor económico que la Provincia obtiene por las concesiones y proyectos estratégicos.
El acuerdo concreto involucra a las principales operadoras de Vaca Muerta, encabezadas por YPF S.A., en un esquema de cooperación que contempla un fideicomiso para el prefinanciamiento de obras viales por 154,5 millones de dólares. La Provincia recuperará estos fondos mediante su imputación a futuras regalías, cánones extraordinarios de producción y peajes vinculados al uso de la infraestructura vial. Este mecanismo de recupero asegura que no se genera una carga fiscal adicional para Neuquén, sino que redistribuye los compromisos empresariales en forma estratégica. Las obras priorizadas incluyen la pavimentación de la Ruta Provincial 8, la reparación y repavimentación de la Ruta Provincial 51, y obras complementarias sobre las rutas provinciales 6 y 7. En total, el Gobierno neuquino proyecta la incorporación de nuevos 1.000 kilómetros de infraestructura vial que impulsarán la competitividad logística y el desarrollo de las economías locales vinculadas al corredor productivo.
El modelo presenta dos grandes familias de instrumentos para vincular el desarrollo hidrocarburífero con la ejecución de infraestructura pública. Por un lado, incorpora obras o pagos como parte del valor económico que la Provincia obtiene por concesiones, sin recupero posterior; por otro, percibe anticipos de recursos privados para ejecutar obras prioritarias, reconociendo mecanismos de recupero sujetos a plazos, límites y fuentes específicamente determinadas. Esta flexibilidad permite al Gobierno provincial achicar el déficit tradicional de obra pública sin generar endeudamiento adicional, mientras que las empresas formalizan compromisos de infraestructura que optimizan su operatividad logística en la región.
Más allá de la infraestructura vial, Neuquén también avanza en un segundo frente de articulación público-privada ligado al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). En julio de 2026, la Legislatura provincial promulgó la Ley 3566, que acompaña el desarrollo del proyecto de licuefacción impulsado junto a YPF. En este marco, YPF asumió un compromiso de inversión en infraestructura por 175 millones de dólares adicionales, monto que podrá ejecutarse mediante obras o aportes económicos destinados a proyectos definidos con el Gobierno provincial. Este régimen especial de incentivos impulsará el desarrollo del proyecto de GNL asociado a áreas no convencionales como Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II, condicionado a la vigencia y cumplimiento del Régimen de Inversión General (RIGI).
Para los vecinos neuquinos, estas iniciativas representan una transformación visible en la accesibilidad vial provincial. Las rutas deterioradas que afectan la vida cotidiana en localidades como Junín de los Andes, Senillosa y otras zonas vinculadas al corredor energético verán mejoras tangibles en los próximos años. Además, la estrategia genera un efecto multiplicador: rutas mejoradas significan menores tiempos de traslado, reducción de accidentes viales, y mejor conexión logística para las economías locales que dependen del flujo de transporte de bienes. Asimismo, la inversión en infraestructura vinculada al proyecto GNL proyecta generación de empleo en construcción y servicios profesionales especializados.
La presentación ante el BID fue avalada por representantes de alto nivel, entre ellos Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina; Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación; Miguel Braun, director Ejecutivo por Argentina y Haití del BID; y Emilio Pineda, gerente de Instituciones para el Desarrollo. Esta participación institucional subraya el reconocimiento nacional e internacional del modelo neuquino como una propuesta innovadora de gobernanza fiscal y cogestión de infraestructura en contextos de actividad extractiva intensiva.
El fideicomiso de 154,5 millones de dólares ya está constituido y las obras priorizadas (Ruta Provincial 8, 51, 6 y 7) están en fase de licitación y ejecución. Los plazos dependerán de cada proyecto específico, pero el Gobierno ha fijado estos tramos como prioritarios para iniciar durante 2026-2027.
¿Cómo recupera Neuquén los fondos adelantados por las empresas?La Provincia imputa los fondos adelantados a futuras regalías petroleras, cánones extraordinarios de producción y peajes vinculados al uso de la infraestructura vial. Este mecanismo evita endeudamiento provincial y permite que los beneficiarios directos de la infraestructura (empresas petroleras) financien su mejora de forma vinculada a sus ganancias operativas.
