Redacción Abierta
El Centro Administrativo Ministerial (CAM) de Neuquén capital dio este miércoles 27 de mayo un paso concreto hacia la gestión ambiental responsable: organismos provinciales con sede en el edificio firmaron un acta compromiso para implementar medidas de eficiencia energética, separación diferenciada de residuos y capacitación ambiental, todo en el marco de la Ley Provincial N° 3528 de Edificios Públicos Sostenibles. El acuerdo fue impulsado por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático, y contó con la presencia de funcionarios de primera línea del gabinete provincial.
El CAM es uno de los núcleos administrativos más importantes de la provincia de Neuquén: concentra dependencias de varios ministerios, agencias y organismos estatales, lo que lo convierte en un espacio con un impacto ambiental significativo y, al mismo tiempo, en una oportunidad real para cambiar prácticas desde adentro del Estado. La Ley N° 3528 existe como marco normativo, pero su implementación efectiva requiere acuerdos institucionales concretos como el que se firmó hoy, que obligan a cada organismo a designar referentes, relevar datos de desempeño ambiental y avanzar en mejoras progresivas.
Entre los compromisos asumidos se destacan la creación de circuitos internos de separación y tratamiento diferenciado de residuos, y el fortalecimiento del proyecto de compostera que lleva adelante la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Ambiente. La propuesta apunta a reducir, reutilizar y aprovechar los residuos generados en las dependencias públicas, promoviendo hábitos más sostenibles en los espacios de trabajo cotidianos. Además, se contempla la realización de capacitaciones para trabajadores y equipos técnicos de los distintos organismos, para que las acciones ambientales no queden en declaraciones sino que se sostengan en el tiempo.
Del acto participaron el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, y el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, junto a representantes de varios organismos provinciales: la subsecretaria de Administración Sanitaria, Iris Alejandra Martín, por el Ministerio de Salud; el subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales, por Optic; el presidente de la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Neuquén, Leandro López Koenig; el secretario del COPADE, Rubén Etcheverry; y el secretario ejecutivo de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo, Joaquín Perrén. También estuvieron presentes equipos del EPEN, representantes legislativos y áreas de mantenimiento del CAM. La diversidad de actores firmantes refleja que el compromiso no recae en un solo ministerio sino que atraviesa transversalmente al Estado provincial.
Para el vecino neuquino, este tipo de iniciativas puede parecer distante, pero sus efectos son más cercanos de lo que parecen. Un edificio público que gestiona mejor su energía reduce costos que el Estado financia con fondos públicos. Una compostera activa en el CAM aporta a la cadena de tratamiento de residuos orgánicos en la ciudad. Y empleados estatales capacitados en prácticas ambientales llevan esos hábitos también a sus hogares y barrios. La sostenibilidad en los edificios del Estado no es solo una cuestión técnica: es una señal de que la gestión pública puede modernizarse desde adentro, con criterios ambientales integrados al funcionamiento diario.
Es una ley de la provincia de Neuquén que establece criterios ambientales para el funcionamiento de los edificios del Estado provincial. Obliga a los organismos públicos a incorporar medidas de eficiencia energética, gestión de residuos y prácticas sustentables en sus operaciones cotidianas. El acta firmada en el CAM es uno de los instrumentos concretos para avanzar en su implementación.
¿Qué beneficios tiene para los neuquinos que el Estado aplique estas medidas en sus edificios?Un Estado más eficiente en el uso de energía y en la gestión de residuos reduce costos operativos que se pagan con fondos públicos, es decir, con los impuestos de todos. Además, genera un efecto multiplicador: los empleados estatales capacitados en prácticas ambientales pueden replicar esos hábitos en sus hogares y comunidades, y el Estado da el ejemplo a empresas y ciudadanos sobre cómo gestionar la sostenibilidad de manera concreta.
