Redacción Abierta
El gobierno provincial recuperó esta semana lotes fiscales en el barrio Ruca Antú de Neuquén capital, luego de que la Justicia ordenara el desalojo de personas que habían ocupado de manera irregular terrenos pertenecientes al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). La operación, ejecutada el jueves 21 de mayo de 2026, marca un punto de inflexión en la política de ordenamiento urbano que el organismo lleva adelante en esa zona de la ciudad, y abre el camino para la construcción de módulos habitacionales destinados a familias en situación de extrema vulnerabilidad.
Ruca Antú es uno de los sectores de la ciudad de Neuquén donde la presión sobre el suelo urbano viene creciendo en los últimos años. La zona concentra terrenos fiscales que aún no completaron su proceso de regularización dominial, lo que los convierte en blanco frecuente de ocupaciones irregulares. En este caso puntual, el IPVU detectó que los ocupantes no actuaban por necesidad habitacional propia sino con una lógica de acumulación: ingresaron materiales de construcción e iniciaron movimientos de obra sobre el terreno descampado con la intención de desarrollar megainquilinatos, es decir, propiedades destinadas al alquiler informal y masivo sobre tierra pública. Ante esa evidencia, el organismo presentó una denuncia penal respaldada por documentación catastral que acredita la titularidad de los lotes.
La orden de desalojo fue emitida por la fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero, y luego convalidada por un juez, lo que le dio al procedimiento el respaldo legal necesario para que la Comisaría 20 lo ejecutara de forma inmediata. El operativo fue diseñado con protocolos de asistencia: participaron la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano ante la posible presencia de menores de edad, y se dispuso una ambulancia para resguardar la integridad física de todos los involucrados. Los materiales y pertenencias quedaron a disposición del ocupante para su retiro, lo que refleja un enfoque que busca resolver la situación sin generar nuevas emergencias sociales.
La secretaria de Hábitat y Urbanismo, Ana Servidio, fue clara respecto al paso siguiente: los lotes recuperados se destinarán a la construcción de módulos habitacionales para viviendas de extrema vulnerabilidad y al desarrollo de proyectos urbanísticos que incluyan redes de infraestructura. Servidio subrayó que se trata de la primera vez que se trabaja en un ordenamiento real del sector, y que el objetivo es "volver a ser autoridad" en la zona para luego llevar servicios y generar lotes sociales. La funcionaria definió la acción como parte de una política más amplia: "Planificar y ordenar el desarrollo urbano ofreciendo alternativas dignas para la vivienda social". En ese sentido, el desalojo no es el punto de llegada sino el punto de partida de una intervención territorial más profunda.
Para el vecino neuquino, y en particular para las familias que esperan una solución habitacional en Ruca Antú y sus alrededores, esta recuperación de lotes tiene consecuencias concretas. Cada metro cuadrado de tierra pública que termina en manos de especuladores informales es un lote social que no llega a quien realmente lo necesita. La reconquista de estos terrenos por parte del IPVU amplía el stock disponible para programas como los módulos habitacionales de emergencia, que apuntan a las familias con menor capacidad de acceso al mercado formal. Al mismo tiempo, la señal institucional es importante: el Estado provincial dejó en claro que la tierra fiscal no es tierra de nadie y que las ocupaciones con fines económicos tendrán respuesta judicial y administrativa.
El IPVU tiene previsto avanzar con proyectos urbanísticos que incluyen la extensión de redes de infraestructura y la construcción de módulos habitacionales para familias en situación de extrema vulnerabilidad. La idea es convertir los lotes recuperados en soluciones habitacionales reales para quienes más lo necesitan, dentro de un marco de ordenamiento urbano planificado.
¿Qué es un megainquilinato y por qué es un problema en tierras fiscales?Un megainquilinato es una propiedad construida informalmente con el fin de alquilar múltiples espacios de manera precaria y masiva. Cuando se desarrolla sobre tierra pública, implica que particulares lucran con suelo que el Estado destina a vivienda social, desplazando a las familias que realmente necesitan acceder a un lote o una vivienda. Por eso el IPVU presentó la denuncia penal y buscó recuperar los terrenos.
