Redacción Abierta
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia de Neuquén puso en marcha este jueves 21 de mayo un esquema de descentralización de políticas sociales con una inversión anual de 2.400 millones de pesos, distribuidos mediante aportes no reintegrables y transferidos de forma trimestral a los municipios y comisiones de fomento que adhieran al programa. Villa La Angostura, Junín de los Andes, Villa Traful y Pilo Lil ya firmaron los convenios en esta primera etapa.
La iniciativa llega en un momento en que la demanda de servicios sociales en el interior neuquino sigue creciendo, y la distancia entre las familias vulnerables y los organismos provinciales sigue siendo uno de los principales obstáculos para el acceso a derechos. Históricamente, los municipios más pequeños y las comisiones de fomento debían gestionar cada caso con recursos propios escasos o esperar respuestas que llegaban desde Neuquén capital con demoras. Este nuevo esquema busca cortar ese cuello de botella transfiriendo tanto los fondos como la responsabilidad de ejecución directamente a los gobiernos locales.
Los fondos quedan atados a cuatro leyes provinciales que enmarcan la política social neuquina: la Ley 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Ley 2955 de Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 3349 de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Ley 1634 de Protección Integral para Personas con Discapacidad. Esa vinculación normativa no es menor: garantiza que los recursos no puedan redirigirse hacia otros fines y que cada municipio o comisión de fomento deba rendir cuentas sobre su uso concreto. El ministro Lucas Castelli destacó que el modelo apunta a que quienes conocen de cerca cada realidad local sean los que lleguen primero a las familias que necesitan acompañamiento.
La descentralización de servicios sociales no es una práctica nueva en Neuquén, pero la escala de esta inversión y el formato de convenios estandarizados con transferencias trimestrales representan un salto cualitativo respecto de acuerdos anteriores que solían ser puntuales o estar atados a proyectos específicos. La incorporación de comisiones de fomento como Pilo Lil y Villa Traful, que no son municipios plenos sino estructuras de menor rango administrativo, amplía significativamente el alcance territorial del programa hacia zonas rurales y comunidades pequeñas que suelen quedar fuera de los circuitos de asistencia convencionales. En las próximas semanas se espera que el resto de las intendencias y municipios de segunda y tercera categoría de la provincia completen sus adhesiones.
Para el vecino neuquino del interior, el cambio más concreto es que los dispositivos de protección infantil, los servicios para adultos mayores y los apoyos para personas con discapacidad dejarán de depender exclusivamente de gestiones centralizadas en la capital provincial. Los gobiernos locales tendrán fondos propios y asignados para actuar con mayor agilidad frente a situaciones de vulnerabilidad, sin tener que esperar derivaciones o autorizaciones que antes podían demorar semanas. En localidades como Junín de los Andes o Villa Traful, donde las distancias y las condiciones climáticas complican el acceso a servicios, esa velocidad de respuesta puede marcar una diferencia real para las familias que atraviesan situaciones críticas.
A partir de la firma de los convenios, los municipios y comisiones de fomento adheridos contarán con fondos propios para ejecutar programas sociales localmente. El primer paso es acercarse a la oficina de desarrollo social o de acción social del municipio o comisión de fomento correspondiente, que será quien gestione directamente los recursos y los dispositivos de atención.
¿Cuándo estará disponible este esquema en toda la provincia?El gobierno provincial informó que los municipios de segunda y tercera categoría que aún no firmaron los convenios lo harán en las próximas semanas. No se estableció una fecha exacta, pero el esquema de transferencias trimestrales indica que los primeros fondos deberían llegar a los gobiernos locales antes de que finalice el segundo trimestre de 2026.
