Redacción Abierta
La Justicia neuquina marcó un precedente claro en el mapa de responsabilidades del mercado inmobiliario local: los desarrolladores que entregan edificios sin cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad deben responder por eso, y no pueden derivar las culpas al Estado. Un fallo del juez civil Martín Peliquero, dictado en febrero de 2026, condenó solidariamente a Siri Construcciones S.R.L., a María Isabel Siri y a Raíces Neuquén S.R.L. por las irregularidades del edificio "Ilia II", en la esquina de Illia y Maestro Alderete, en la ciudad de Neuquén. La sentencia ordenó terminar las obras pendientes e indemnizar a propietarios que habían comprado sus departamentos "en pozo" más de una década antes.
El caso no es un hecho aislado. En Neuquén capital existe una práctica instalada en el sector de la construcción privada: entregar unidades habitacionales sin el certificado final de obra municipal, con conexiones provisorias de luz, sin gas, sin ascensor operativo y con infraestructura de agua y cloacas insuficiente para la escala del edificio. El problema se multiplica en una ciudad que creció aceleradamente en los últimos veinte años, impulsada por el boom energético de Vaca Muerta, y donde la demanda de vivienda generó un mercado inmobiliario de alta rotación con controles que no siempre estuvieron a la altura.
El expediente del edificio "Ilia II" describe con precisión el tipo de incumplimientos que hoy llegan a los tribunales. Las unidades entregadas tenían entre un 16 y un 20 por ciento menos de superficie de lo pactado en los contratos. Las cocheras eran inutilizables por la ausencia del sistema de montacoches prometido. El edificio fue entregado sin agua, sin gas, sin electricidad definitiva y sin ascensor. La municipalidad había rechazado el certificado final de obra en 2017 por no reunir las condiciones exigidas, y sin embargo los propietarios tomaron posesión en 2016. El juez Peliquero calificó esa situación como una "posesión teórica": vivir en un departamento que no se puede usar con normalidad no es habitar una vivienda, es sostener un conflicto cotidiano. Los compradores habían esperado desde 2013.
El antecedente del juez Peliquero no es el único. En julio de 2025, la jueza de Faltas Romina Doglioli sancionó con más de 21 millones de pesos al desarrollador de un complejo en San Luis y Luis Beltrán, por el vuelco de líquidos cloacales a la vía pública. En esa resolución, la magistrada absolvió al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y estableció que la omisión grave correspondía al privado, que no había adecuado la infraestructura necesaria antes de habilitar el edificio. Desde el EPAS explican una lógica técnica que parece obvia pero que en la práctica muchos desarrolladores ignoraron o ignoraron deliberadamente: un edificio con decenas de departamentos no puede conectarse a la red de agua con la misma capacidad prevista para la vivienda unifamiliar que existía antes en ese predio, ni puede descargar efluentes sin readecuar el sistema cloacal. Para eso, el organismo tiene procedimientos de factibilidad y conexión que incluyen presentación de proyectos, intervención de profesionales matriculados, inspecciones técnicas y certificado final de obra. Cuando la escala del emprendimiento lo exige, el EPAS puede requerir obras complementarias o de refuerzo.
Para el vecino neuquino que compró un departamento, estas sentencias representan algo concreto: hay un camino judicial que funciona y que pone la carga de la prueba donde corresponde. Ya no alcanza con señalar a la red pública cuando falta agua o cuando el cloaca desborda. Los fallos establecen que la obligación de entregar una vivienda en condiciones no es negociable y que omitirla tiene un costo económico real para quien construye. Para quienes aún conviven con estas deficiencias, el mensaje de los tribunales es que pueden iniciar acciones con posibilidades ciertas de éxito. Para quienes estén evaluando comprar una unidad en pozo, la señal también es clara: verificar el estado del certificado final de obra y las conexiones de servicios antes de firmar no es un detalle burocrático, es una garantía básica.
Podés iniciar una acción judicial civil contra la desarrolladora y los constructores responsables. Los fallos recientes en Neuquén muestran que la Justicia está reconociendo este tipo de reclamos y ordenando tanto la finalización de obras pendientes como indemnizaciones a los propietarios afectados.
¿Cómo sé si un edificio tiene el certificado final de obra antes de comprar?Podés consultarlo directamente en la Municipalidad de Neuquén antes de firmar cualquier contrato. Sin ese certificado, el edificio no está habilitado formalmente para ser habitado y puede tener deficiencias en sus conexiones a la red pública de agua, cloacas, gas y electricidad.
