Redacción Abierta
La provincia del Neuquén acumula 311 allanamientos, 145 condenas y más de 181 millones de pesos incautados en la lucha contra el microtráfico desde que entró en vigencia la Ley Provincial N° 3.488, que desfederalizó el narcomenudeo y puso en manos del Estado neuquino la persecución de este tipo de delitos. Los datos, actualizados al 10 de mayo de 2026, muestran el alcance de una política que el gobernador Rolando Figueroa impulsó como eje central de la seguridad barrial en toda la provincia.
La desfederalización del microtráfico fue un cambio de fondo en cómo Neuquén enfrenta el narcomenudeo. Antes de la Ley 3.488, las causas por venta minorista de drogas tramitaban en la Justicia federal, con tiempos más largos, menor conocimiento territorial y una capacidad de respuesta más lenta frente a situaciones que se desarrollan en los barrios. Con el nuevo esquema, la Policía del Neuquén, el Ministerio Público Fiscal provincial y los jueces locales pasaron a ser los responsables directos de investigar, detener y condenar a quienes venden drogas en las comunidades. El resultado cuantificable está a la vista: más de dos años de trabajo sostenido con números concretos sobre la mesa.
El detalle de los secuestros da una dimensión precisa de lo que circulaba en los puntos de venta desarticulados: 177 kilos de cannabis sativa, 37 kilos de clorhidrato de cocaína, más de 31.000 pastillas de éxtasis, ketamina y otras sustancias sintéticas. En paralelo, los procedimientos permitieron incautar 30.386 dólares en efectivo junto a los 181 millones de pesos, además de 79 armas de fuego, 2.007 municiones y 72 vehículos utilizados en actividades delictivas. Ese arsenal y ese flujo de dinero ilegal operaban en viviendas de barrios neuquinos, lo que explica la decisión de avanzar también sobre los inmuebles: 29 viviendas fueron clausuradas y 5 estructuras demolidas por ser puntos activos de comercialización de drogas.
De las 145 personas condenadas, 98 son hombres y 47 son mujeres, un dato que refleja el perfil real del narcomenudeo local, donde el rol femenino en la cadena de venta minorista es significativo. El Ministerio de Seguridad, conducido por Matías Nicolini, complementó los operativos con inversión en equipamiento tecnológico, herramientas de análisis criminal y laboratorios periciales para acelerar las investigaciones. También se desarrollaron canales anónimos de denuncia ciudadana y campañas de prevención articuladas con los municipios, en una estrategia que reconoce que los allanamientos solos no alcanzan para desactivar las redes de venta barrial. Desde la cartera de Seguridad confirmaron que en los próximos meses se intensificarán los operativos en toda la provincia, con foco en el seguimiento de organizaciones vinculadas al microtráfico y el trabajo coordinado entre Policía, Justicia y municipios.
Para el vecino neuquino el impacto es directo: menos puntos de venta activos en los barrios implica menos violencia asociada a la disputa de territorios, menos exposición de chicos y jóvenes a la droga y una recuperación concreta del espacio público. Las demoliciones de búnkeres y las clausuras de viviendas usadas para vender drogas son señales visibles de ese proceso. La articulación con los municipios también permite que el trabajo llegue a localidades del interior y no quede concentrado solo en Neuquén capital o en los grandes centros urbanos del Alto Valle.
La provincia habilitó canales anónimos de denuncia ciudadana coordinados con el Ministerio de Seguridad. También podés comunicarte con la línea 148 o acudir directamente a la comisaría de tu localidad. La denuncia anónima es válida y forma parte del esquema oficial de investigación del microtráfico.
¿La desfederalización significa que las causas de droga ya no van a la Justicia federal?En los casos de narcomenudeo, es decir venta minorista y tenencia para consumo personal, sí: desde la entrada en vigencia de la Ley 3.488, esas causas tramitan en la Justicia provincial de Neuquén. Las investigaciones sobre narcotráfico a gran escala o con implicancias interprovinciales siguen siendo competencia federal.
