Redacción Abierta
La provincia de Neuquén registra un balance significativo en su lucha contra el narcomenudeo: 500 allanamientos, 218 personas condenadas y 43 clausuras de puntos de venta de drogas entre el 28 de febrero de 2025 y el 4 de noviembre de 2026. Estos números reflejan el resultado de una decisión estratégica del gobernador Rolando Figueroa de trasladar la competencia del combate al narcotráfico desde la justicia federal a manos provinciales, con el objetivo de acelerar respuestas ante una problemática que afecta directamente la seguridad y convivencia en los barrios neuquinos.
La desfederalización del narcomenudeo en Neuquén no fue una medida improvisada. Respondió a una demanda histórica de la comunidad local que reclamaba respuestas más rápidas y presencia estatal permanente frente a la venta de drogas en sus territorios. Antes de esta decisión, los casos quedaban atrapados en los tiempos lentos de la justicia federal, lo que permitía que los puntos de venta funcionaran sin restricciones aparentes. Con la Ley provincial 3488, impulsada por los tres poderes del Estado neuquino, la provincia tomó las riendas de la investigación, el juzgamiento y las sanciones contra el eslabón final de la comercialización de estupefacientes. Este cambio marca un quiebre importante en la política de seguridad provincial.
Los números hablan por sí solos: un promedio aproximado de 6 allanamientos por semana durante los 18 meses del período informado demuestra una tarea sostenida de investigación e intervención. La dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, con apoyo de la Justicia provincial, ha identificado y desmantelado guaridas o aguantaderos en toda la provincia. El secuestro de 227 kilos de cannabis, 49,5 kilos de clorhidrato de cocaína y 18 pastillas de éxtasis muestra la magnitud de la actividad comercial que se ha interrumpido. Pero el impacto va más allá de los estupefacientes: se incautaron 276 millones de pesos y 28.300 dólares en efectivo, se retiraron de circulación 102 armas y 2.770 municiones, y se secuestraron 124 vehículos utilizados en la comercialización.
El ministro de Seguridad provincial, Matías Nicolini, enfatizó que esta estrategia fue necesaria: "No podíamos seguir esperando los tiempos de la Justicia Federal mientras los vecinos reclamaban respuestas contra la venta de drogas en sus barrios. Tomamos las riendas porque entendimos que la Provincia tenía que involucrarse y actuar". A las 43 clausuras de puntos de venta se sumaron 5 demoliciones de inmuebles utilizados para la comercialización de drogas, una acción que impide la reactivación de esos espacios como guaridas. Estos operativos combinan la represión con la prevención: cada lugar cerrado es un espacio recuperado para la comunidad. Nicolini subrayó que "cada punto de venta que se cierra es un avance para la comunidad, y cada condena es un mensaje claro: vender droga en Neuquén tiene consecuencias".
Para los vecinos neuquinos, estos resultados se traducen en cambios concretos en la cotidianidad. Los barrios donde se han clausurado puntos de venta experimentan una reducción de la actividad delictiva conexa, menores problemas de convivencia y mayor sensación de seguridad. La presencia de la Policía del Neuquén en operativos coordinados es más frecuente y planificada. Además, la incautación de armas y municiones reduce el riesgo de violencia en los territorios. Sin embargo, el desafío sigue siendo sostenido: Nicolini reconoce que el objetivo es "que ningún lugar de Neuquén quede fuera de esta tarea y que las familias sepan que hay un Estado presente, decidido a protegerlas". Esto implica mantener la inversión en equipamiento policial, capacitación y coordinación institucional entre los tres poderes del Estado, cada uno desde sus competencias específicas.
La provincia tomó esta competencia a partir del 28 de febrero de 2025, con la implementación de la Ley provincial 3488. Antes de eso, estos casos eran competencia de la justicia federal, lo que generaba demoras en las investigaciones y sanciones.
¿Qué cambio trajo la desfederalización para los vecinos de Neuquén?Permitió respuestas más rápidas y presencia estatal permanente en los barrios. Con justicia provincial, se reducen los tiempos de investigación, juzgamiento y clausura de puntos de venta, lo que se traduce en mayor seguridad y recuperación de espacios para la comunidad.
