Redacción Abierta
El gobierno de la provincia del Neuquén oficializó la reglamentación de la Ley 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos como condición para su permanencia en el cargo. El decreto, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por los ministros Martín Regueiro y Guillermo Koenig, ya se encuentra vigente tras su publicación en el Boletín Oficial.
La iniciativa se enmarca en una política de fortalecimiento institucional que busca garantizar ética, idoneidad y transparencia en la gestión estatal. La norma establece procedimientos claros ante eventuales resultados positivos, asegurando el debido proceso administrativo y la protección de los derechos de los funcionarios alcanzados. El esquema se apoya en los principios del artículo 153 de la Constitución provincial, que promueve una administración pública eficiente, imparcial y con publicidad de los actos de gobierno.
Entre los aspectos más relevantes de la reglamentación se dispone que los exámenes serán sorpresivos y se realizarán a partir de sorteos trimestrales administrados por el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN). Cada instancia abarcará al 12,5% del universo comprendido por la ley, garantizando imparcialidad en la selección. Las pruebas se harán mediante análisis de orina para detectar sustancias psicoactivas prohibidas, como opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras.
El procedimiento contempla la posibilidad de contraprueba en un laboratorio distinto y la asistencia de un perito bioquímico elegido por el funcionario, además de estrictos protocolos de confidencialidad y resguardo de datos personales. La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud, que supervisará los exámenes y llevará un registro reservado. Con esta reglamentación, la Provincia suma una herramienta concreta para consolidar un Estado más profesional, transparente y confiable para la ciudadanía neuquina.
