Redacción Abierta
El Gobierno de Neuquén presentó hoy ante la Legislatura provincial un proyecto de Ley de Protección de Tierras Productivas, una iniciativa clave para resguardar las superficies irrigadas que constituyen el recurso agrícola más valioso de la provincia. El proyecto, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, busca detener una erosión que es cada vez más visible en el territorio neuquino: la pérdida sostenida de hectáreas frutícolas frente a la presión de la urbanización, la expansión de bases petroleras y la instalación de talleres y servicios logísticos.
Los números que sustenta la iniciativa son contundentes y reflejan un problema estructural. Durante 2025 sola, la provincia perdió 663 hectáreas de superficie frutícola. Pero el desafío es aún más profundo cuando se observa la expansión urbana: entre 2010 y 2020, la población de Neuquén creció un 15 por ciento, pasando de 471.409 a 540.909 habitantes. Sin embargo, la huella urbana se amplió un 45 por ciento, escalando de 12.460 a 18.083 hectáreas. Esto significa que cada nuevo habitante consume más territorio, una tendencia que vuelve insostenible mantener intactas las tierras que históricamente han sostenido la producción agrícola neuquina.
"Para nosotros es de mucha importancia la decisión que ha tomado el gobernador Rolando Figueroa de impulsar un proyecto que tiene como principal objetivo la protección y el resguardo de tierras bajo riego y drenaje", afirmó Diego García Rambeau, secretario de Producción e Industria, durante la presentación ante la Comisión de Producción, Industria y Comercio. García Rambeau enfatizó que esas tierras representan los suelos más productivos de la provincia y que su conservación es estratégica para pensar el futuro de Neuquén más allá de Vaca Muerta. "La idea es que esta ley nos dé garantías sobre lo que viene después de Vaca Muerta, que es continuar con una matriz que tendrá al turismo y a la producción como principales ejes de desarrollo", indicó el funcionario.
La propuesta no plantea una confrontación binaria entre producción, vivienda e industria, sino que busca establecer reglas de convivencia entre las tres actividades. El proyecto define dos zonas diferenciadas. La Zona de Protección Prioritaria (ZP1) reserva el suelo para producción agropecuaria estricta, mientras que la Zona de Uso Condicionado (ZP2) permite ciertos usos industriales y de servicios, pero solo bajo evaluación de eficiencia hídrica y criterios de sustentabilidad. En ambos casos se fijan reglas específicas para la subdivisión de tierras y la protección de infraestructura hídrica, que es considerada intangible: canales, acequias, compuertas, sifones y drenes quedan bajo un régimen de protección integral, incluso frente a obras públicas.
Las herramientas de fiscalización son exhaustivas. El proyecto prevé monitoreo remoto, inspecciones presenciales y un régimen de sanciones graduado según la gravedad de la infracción, la superficie afectada y la reversibilidad del daño. La Secretaría de Producción e Industria será la autoridad de aplicación, en coordinación con Catastro y Recursos Hídricos, para elaborar la cartografía oficial de áreas bajo riego. También se crea un Consejo Provincial de carácter consultivo para proponer inversiones y articulación institucional. Un punto innovador es el Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, financiado con multas, presupuesto provincial y eventuales aportes nacionales e internacionales, destinado a rehabilitar drenajes críticos, modernizar sistemas de medición y telemetría, y tecnificar el riego.
Para los productores neuquinos, esta ley representa una garantía legal contra la venta especulativa de tierras productivas. Neuquén tiene potencial para incrementar significativamente su producción frutícola, hortícola y de frutas finas, sectores que demandan expansión en un contexto de crecimiento poblacional acelerado. La pérdida de estos suelos sería irreversible: el desarrollo agrícola en zonas bajo riego no se recupera de la noche a la mañana. El proyecto establece una cláusula de no regresión que impide que normas de igual o menor jerarquía flexibilicen los estándares de protección, aunque los municipios podrán elevar el nivel de salvaguarda si lo consideren necesario. La ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que su reglamentación técnica tendrá un plazo máximo de 180 días.
Les otorga seguridad legal contra la venta especulativa de tierras productivas y acceso prioritario a líneas de crédito específicas si practican buenas prácticas de conservación de suelos y eficiencia hídrica. Además, el nuevo Fondo Provincial financiará modernización de sistemas de riego y rehabilitación de infraestructura crítica.
¿Pueden los municipios modificar las restricciones de la ley?Sí, pero solo para aumentar la protección. Los municipios y comisiones de fomento podrán establecer medidas más restrictivas que las fijadas provincialmentemente, aunque no podrán flexibilizar los estándares de protección gracias a la cláusula de no regresión incluida en la normativa.
