Redacción Abierta
La Secretaría de Producción e Industria de Neuquén reunió este lunes a representantes del sector frutícola, cámaras de productores, consorcios de riego y equipos técnicos para presentar los lineamientos del Proyecto de Ley de Protección de Tierras Productivas bajo riego y drenaje, actualmente en tratamiento en la Legislatura Provincial. Al cierre del encuentro, el sector productivo expresó su respaldo unánime a la iniciativa y pidió acelerar su aprobación.
La convocatoria no es casual ni aislada. En las últimas dos décadas, las zonas productivas del Alto Valle neuquino perdieron superficie irrigada a causa del avance de urbanizaciones, loteos y emprendimientos industriales que se instalaron sobre tierras históricamente destinadas a la fruticultura. Localidades como Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar, epicentros de la producción de manzanas, peras y vid, enfrentan una presión inmobiliaria creciente que, según los propios productores, daña la infraestructura hídrica y fragmenta las parcelas productivas hasta hacerlas inviables. La provincia de Neuquén carece hoy de una norma específica que establezca un estándar mínimo de protección para estas tierras, y esa es precisamente la brecha que el gobernador Rolando Figueroa busca cerrar con esta iniciativa legislativa.
El proyecto, presentado ante la Legislatura, propone un sistema de zonificación con distintos niveles de protección y restricciones explícitas a los usos incompatibles, como urbanizaciones, desarrollos industriales, turísticos o de servicios, dentro de las áreas especialmente protegidas. Solo se admitirán excepciones por razones de interés público, debidamente fundamentadas con dictámenes técnicos y ambientales aprobados por la Autoridad de Aplicación, que será la propia Secretaría de Producción e Industria. Esa secretaría también tendrá a su cargo la elaboración de la cartografía oficial de las áreas protegidas, en coordinación con Catastro y Recursos Hídricos. Un Consejo Provincial actuará como órgano consultivo para aportar criterios técnicos y articular entre organismos. El secretario Diego García Rambeaud subrayó que la norma apunta a tratar las tierras bajo riego como un recurso estratégico, no como un bien inmobiliario disponible para cualquier uso.
Participaron del encuentro representantes de la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre, la Cámara de Productores de San Patricio del Chañar, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, el Consorcio de Riego y Drenaje de Centenario y Vista Alegre, el Centro PyME-ADENEU y el IADEP. Los asistentes coincidieron en que la futura ley debe funcionar como marco de referencia para municipios y comisiones de fomento, con criterios comunes de ordenamiento territorial, zonificación y control. También propusieron coordinar con los gobiernos locales para definir las áreas disponibles para el crecimiento urbano y concentrar las actividades industriales en parques planificados, evitando que sigan expandiéndose sobre suelo irrigado. En paralelo, reclamaron que la protección legal vaya acompañada de herramientas concretas, financiamiento, incentivos y beneficios fiscales, para que mantenerse en la actividad productiva sea económicamente viable y no solo una obligación normativa.
Para el vecino neuquino, y en particular para quienes viven o trabajan en las zonas frutícolas del Alto Valle, la aprobación de esta ley implicaría cambios concretos. En primer lugar, el proyecto crea el Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, destinado a financiar obras públicas y actividades productivas, con prioridad en la rehabilitación de drenajes, la tecnificación del riego, la modernización de los sistemas de medición y la prevención de la salinización y el anegamiento, problemas que afectan directamente la productividad de miles de hectáreas en la provincia. Además, la norma incorpora un régimen de sanciones para quienes dañen la infraestructura de riego, alteren el sistema hídrico o realicen fraccionamientos y obras sin autorización, lo que daría herramientas legales concretas a los consorcios y productores para defender sus derechos. En un contexto en que el avance urbano y la pérdida de parcelas ya generan impactos negativos crecientes sobre el modelo productivo regional, contar con una ley específica puede marcar la diferencia entre la continuidad o el desmantelamiento de una actividad que es identitaria para el norte neuquino.
La norma protege todas las tierras con aptitud productiva y sistemas de riego y drenaje, tanto públicas como privadas, estén o no actualmente en producción. Si un municipio quisiera autorizar una urbanización sobre esas áreas, necesitaría demostrar razones de interés público y obtener dictámenes técnicos y ambientales aprobados por la Secretaría de Producción e Industria, que es la autoridad de aplicación. No alcanza con una simple ordenanza municipal.
¿Qué beneficios concretos puede recibir un productor frutícola neuquino gracias a esta ley?El proyecto prevé acceso prioritario a líneas de financiamiento, incentivos y beneficios fiscales para quienes mantengan sus tierras en producción. Además, el Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados financiará obras de tecnificación del riego, modernización de sistemas de medición y rehabilitación de drenajes, lo que se traduce en mejores condiciones productivas y menor riesgo de salinización o anegamiento de los campos.
