Redacción Abierta
El gobierno de la provincia de Neuquén destinó un aporte no reintegrable de 916.911.228,02 pesos al Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo (ECA) para cubrir las indemnizaciones que corresponden a productores afectados por las tormentas registradas en noviembre de 2025. La medida quedó oficializada el 1 de julio de 2026 mediante el Decreto 882/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.
El granizo es una de las amenazas climáticas más recurrentes y dañinas para el sector agrícola neuquino, especialmente en los valles productivos de la provincia. La temporada 2025/2026 no fue la excepción: los eventos de noviembre del año pasado golpearon cultivos y comprometieron la viabilidad económica de numerosos productores adheridos al Programa Compensador para Daños ocasionados por Granizo en Cultivos Agrícolas. Ante ese escenario, la Ley Provincial 3526 obliga al Estado provincial a cubrir la diferencia cuando los fondos disponibles en el sistema no alcanzan para afrontar el total de las compensaciones. Esa es exactamente la situación que llevó al gobierno a emitir este decreto.
El relevamiento técnico realizado por la Subsecretaría de Producción determinó que el monto total de los daños a compensar asciende a 1.680.515.765,86 pesos. Para calcular el aporte provincial, se descontaron dos ítems: por un lado, 59.153.744,50 pesos correspondientes a cuotas que los propios productores tienen pendientes de pago; por otro, 704.450.793,34 pesos que ya estaban disponibles en el Fondo Compensador, integrados por los aportes realizados por los agricultores durante la campaña 2025/2026. La diferencia resultante, poco más de 916 millones de pesos, es la que el Estado provincial cubre de manera directa e irrecuperable para garantizar que los productores cobren lo que corresponde.
El ECA es el organismo provincial que administra el Fondo Mixto Compensador de Daños por Granizo, un sistema que funciona con aportes combinados del sector privado y el Estado. Los productores se adhieren voluntariamente al programa y abonan una cuota por campaña; a cambio, reciben resarcimiento cuando el granizo afecta sus cultivos. El mecanismo existe desde hace años y ha sido activado en múltiples temporadas previas, siempre que el impacto de los eventos climáticos supera la capacidad del fondo constituido con los aportes de los propios agricultores. El hecho de que en esta ocasión el Estado deba aportar casi el 55% del total de los daños relevados da cuenta de la magnitud del evento de noviembre de 2025.
Para el vecino y productor neuquino, el efecto práctico es directo: quienes estaban adheridos al programa y sufrieron pérdidas en sus cultivos durante las tormentas de granizo de noviembre podrán cobrar sus resarcimientos sin demoras adicionales. La integración del Fondo Mixto con este aporte provincial es el paso administrativo que habilita al ECA a procesar y liquidar los pagos pendientes. Sin este decreto, los productores habrían enfrentado una espera indefinida mientras el fondo privado acumulaba recursos insuficientes para cubrir el total de los daños. En un sector donde los márgenes son ajustados y la siguiente campaña ya está en marcha, la certeza del cobro importa tanto como el monto en sí.
Solo pueden acceder los productores agrícolas que estaban adheridos al Programa Compensador para Daños por Granizo durante la temporada 2025/2026 y que sufrieron pérdidas en sus cultivos durante los eventos de noviembre de 2025. El trámite de cobro se gestiona a través del ECA, que es el organismo encargado de verificar los daños, calcular los montos y liquidar los pagos una vez que el Fondo Mixto está integrado, tal como ocurre con este aporte provincial.
¿Este dinero hay que devolverlo o es definitivo?No se devuelve. El decreto lo establece expresamente como un aporte no reintegrable, lo que significa que el Estado provincial lo transfiere al fondo sin exigir reembolso. Así lo prevé la Ley Provincial 3526, que regula el funcionamiento del sistema y le asigna al Estado el rol de garante de último recurso cuando los daños superan los fondos privados disponibles.
