Redacción AbiertaLa provincia de Neuquén arrancó este viernes 19 de junio de 2026 con los primeros exámenes toxicológicos obligatorios y sorpresivos a funcionarios públicos de alta jerarquía, en el marco del Decreto 234/2026 firmado por el gobernador Rolando Figueroa. La norma reglamenta la Ley 3531, una iniciativa del propio mandatario, y posiciona a Neuquén como una de las primeras provincias argentinas en implementar controles periódicos de consumo de sustancias psicoactivas para quienes ejercen los cargos más altos del Estado.
El contexto de la medida no es menor. Durante 2025, antes de que existiera obligatoriedad legal, el propio Figueroa y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se sometieron de manera voluntaria a análisis toxicológicos para impulsar la iniciativa y ganar adhesión política y social. Ese gesto anticipatorio permitió que la ley avanzara con relativo consenso en la Legislatura provincial, y que hoy su reglamentación pueda ejecutarse sin resistencias institucionales de peso. La publicación del Decreto 234/2026 y su Anexo I convierte aquella acción voluntaria en obligación ineludible.
El mecanismo funciona con sorteos aleatorios administrados trimestralmente por el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), que selecciona al 12,5% del total de funcionarios alcanzados por cada período. Así, a lo largo del año, el sistema garantiza que la totalidad del plantel jerárquico sea evaluado al menos una vez. Los funcionarios sorteados reciben una notificación formal y disponen de un plazo perentorio de 24 horas para presentarse en los laboratorios autorizados. La negativa injustificada o la no presentación en ese plazo se considera automáticamente resultado positivo, activando de inmediato los mecanismos de sanción y remoción. Los análisis se realizan sobre muestras de orina y detectan metabolitos de cocaína y derivados cannábicos, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, y benzodiacepinas o barbitúricos sin prescripción médica. Ante un resultado preliminar positivo, el funcionario puede solicitar un test confirmatorio sobre una segunda muestra lacrada, y quienes estén bajo tratamientos farmacológicos tienen 48 horas para presentar la historia clínica correspondiente.
El alcance es amplio: ministros, secretarios, diputados provinciales y directores de organismos autárquicos de los tres poderes del Estado quedan comprendidos. Para supervisar el proceso y resolver controversias, la reglamentación creó la Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por un representante médico-pericial de cada uno de los tres poderes estatales. Otro aspecto que llama la atención es el financiamiento: el costo de los análisis no lo absorbe el Estado sino que se descuenta directamente de los haberes del funcionario evaluado, una decisión que refuerza el mensaje político detrás de la medida.
Para el vecino neuquino, la puesta en marcha de este sistema implica una mayor garantía de que quienes toman decisiones que afectan la vida cotidiana de la provincia, desde la gestión de hospitales hasta la aprobación del presupuesto, lo hacen en condiciones de plena aptitud. La periodicidad trimestral y el factor sorpresa eliminan la posibilidad de prepararse para el examen, lo que dota al sistema de una credibilidad que los controles previos avisados difícilmente alcanzan. Con este andamiaje en marcha, Neuquén ensaya un modelo que otras provincias ya observan con atención.
Si el resultado positivo se confirma con el test de la segunda muestra lacrada, se activan los mecanismos de sanción y remoción previstos en la Ley 3531. El funcionario puede presentar su historia clínica si el resultado se explica por un tratamiento médico con prescripción, pero en ese caso debe hacerlo dentro de las 48 horas posteriores al examen.
¿Estos controles aplican solo en Neuquén capital o también en el interior de la provincia?La Ley 3531 y su reglamentación alcanzan a los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, independientemente de dónde ejerzan sus funciones. Eso incluye a autoridades con sede en localidades del interior, aunque los procedimientos de muestreo se coordinan con laboratorios autorizados según la reglamentación del Anexo I del Decreto 234/2026.
