Redacción Abierta
El Gobierno de Neuquén reglamentó esta semana la ley 3522 de Protección Integral de los Trabajadores de la Educación mediante el decreto 701-2026, dando operatividad concreta a una norma que la Legislatura provincial había sancionado el año pasado. La ley crea un régimen completo de prevención, protección, sanción y reparación ante situaciones de violencia contra docentes y personal no docente, tanto dentro como fuera de los establecimientos escolares de la provincia.
La reglamentación llega en un contexto en que la violencia hacia los trabajadores de la educación se ha convertido en una preocupación creciente en todo el país. En Neuquén, los gremios docentes venían reclamando desde hace años una respuesta institucional concreta ante incidentes que iban desde amenazas verbales y hostigamiento digital hasta agresiones físicas dentro de las aulas. La sanción de la ley 3522 fue un primer paso, pero sin reglamentación quedaba como letra muerta. El decreto 701-2026 cambia eso y obliga a las autoridades educativas a actuar con protocolos definidos.
La norma define la violencia como toda acción u omisión intencional que cause daño físico, psicológico, simbólico o moral a un trabajador en el ejercicio de sus funciones. Quedan comprendidas la violencia física directa y la violencia verbal, digital o mediática, incluyendo insultos, hostigamientos y amenazas. La ley incorpora un matiz importante: no considera violencia a las manifestaciones de disconformidad o críticas formuladas en términos respetuosos y por vías institucionales, lo que evita interpretaciones abusivas de la norma. Además, establece como agravante que los hechos ocurran en presencia de estudiantes, reconociendo el daño que eso genera en el clima institucional y en la percepción del rol docente.
Para dar respuesta a los incidentes, la ley fija cuatro ámbitos de intervención: el administrativo, a cargo de la autoridad educativa competente; el contravencional, bajo la órbita de los jueces de Faltas; el penal, con intervención del Ministerio Público Fiscal; y el institucional preventivo, a través de equipos interdisciplinarios del Consejo Provincial de Educación (CPE) para casos que no lleguen a configurar infracción penal ni contravencional pero afecten la convivencia. Entre las medidas preventivas obligatorias se destacan la elaboración de protocolos diferenciados según gravedad y contexto, la instalación de dispositivos de seguridad física y electrónica en escuelas, la capacitación obligatoria y periódica de todo el personal, y campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes y familias. La ley también ordena la creación de una Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Educativo, integrada por referentes del CPE, los ministerios de Educación y Seguridad, los gremios docentes y no docentes legalmente reconocidos, y el Ministerio Público de la Defensa. Su funcionamiento será ad honorem y deberá garantizar representación plural.
Para los más de 30.000 trabajadores de la educación que tiene la provincia de Neuquén, la reglamentación significa contar por primera vez con un marco legal operativo que los respalde cuando sufran agresiones. Las sanciones para quienes ejerzan violencia incluyen multa, trabajo comunitario y arresto, impuestas por el juez de Faltas. Si el agresor es un agente público provincial o municipal, las consecuencias escalan: suspensión preventiva sin goce de haberes, cesantía en caso de reiteración o gravedad, e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta cinco años. Cuando el agresor sea menor de edad, intervienen los equipos interdisciplinarios del CPE con un enfoque restaurativo y preventivo, y los padres o tutores quedan obligados a participar activamente en las instancias dispuestas, con sanciones previstas si no lo hacen. En la práctica, esto le da a los docentes neuquinos herramientas reales para denunciar y recibir contención institucional, sin depender únicamente de la buena voluntad de cada directivo o supervisor.
Con la ley reglamentada, el trabajador puede realizar una denuncia ante la autoridad educativa competente, que debe actuar conforme a los protocolos obligatorios. Según la gravedad, el caso puede derivarse al juez de Faltas, al Ministerio Público Fiscal o ser abordado por los equipos interdisciplinarios del CPE. La norma también prevé espacios de orientación y contención institucional para la víctima.
¿La ley protege solo a los docentes o también al personal no docente de las escuelas?La ley 3522 abarca a todos los trabajadores del sistema educativo provincial, es decir, tanto al personal docente como al no docente, como auxiliares, administrativos y personal de maestranza. La protección aplica siempre que la situación de violencia se dé en el marco del ejercicio de sus funciones, dentro o fuera del establecimiento escolar.
