Redacción Abierta
Una gestión que venía madurando desde 2024 finalmente dio sus frutos: la provincia de Neuquén recibirá la administración de dos tramos estratégicos de rutas nacionales que atraviesan su territorio. Se trata de la ruta 242, que conecta con el paso internacional Pino Hachado, y de un sector de la ruta 22 que va desde el ingreso rionegrino hasta Arroyito, pasando por Neuquén capital. La transferencia de competencias quedó formalizada mediante un decreto nacional firmado el jueves 16 de abril.
El gobernador Rolando Figueroa fue quien anticipó la noticia y explicó que la provincia quedará habilitada para instalar peajes y puestos de pesaje en esos corredores. El objetivo es claro: evitar el deterioro acelerado del asfalto por el tránsito pesado, especialmente el vinculado a la actividad hidrocarburífera y agroindustrial de la región. En sus palabras, la idea es que quienes usan más las rutas contribuyan a su mantenimiento.
La transferencia no es exclusiva de Neuquén. El mismo decreto alcanza a otras ocho provincias argentinas, entre ellas Río Negro, Mendoza, Córdoba y Santa Cruz, en el marco de un proceso de descentralización vial impulsado desde el gobierno nacional. Para Neuquén, sin embargo, el impacto es especialmente relevante dado el volumen de camiones que circulan a diario por estos corredores vinculados a Vaca Muerta.
A partir de ahora, la provincia deberá suscribir convenios con la Dirección Nacional de Vialidad para delimitar con precisión los tramos bajo su órbita, los plazos de delegación y las condiciones de administración. Esto incluye tareas de reparación, ampliación y conservación, todo dentro de un esquema que podría derivar en concesiones de obra pública por peaje.
El antecedente directo de esta medida fue un pedido conjunto que Figueroa había realizado junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ante Vialidad Nacional. En aquel momento, el eje del reclamo apuntaba a mejorar la seguridad vial, fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento económico de la región. Con este decreto, ese pedido se convierte en política concreta para la provincia de Neuquén.
