Redacción Abierta
El gobernador Rolando Figueroa firmó este martes el Decreto N.º 1666/2026, que regulariza administrativamente los Centros de Formación Profesional (CFP) 39 y 41, ambos pertenecientes a la modalidad de Educación en Contextos de Privación de la Libertad (ECPL) de la provincia de Neuquén. Se trata de una formalización que, aunque tardía, marca un punto de inflexión en la institucionalización de estas escuelas ubicadas dentro de establecimientos penitenciarios.
Hasta el inicio de la gestión actual, estos dos centros funcionaban sin la formalización reglamentaria necesaria. Aunque fueron creados en resoluciones de 2023 y 2024, carecían del encuadre normativo que les permitiera acceder a presupuesto, cargos docentes y recursos materiales de manera formal. Esta irregularidad administrativa generaba una situación incómoda: instituciones educativas operando en el sistema sin estar completamente integradas al circuito administrativo provincial.
La dirección del Consejo Provincial de Educación (CPE) explica que la solución llegó a través de la Resolución N.º 450/24, que rectificó la resolución 949/23 y permitió adecuar los Códigos Únicos de Establecimiento (CUE) de ambas instituciones. Este trámite aparentemente técnico tuvo consecuencias concretas: a partir de ese momento, los CFP 39 y 41 pudieron acceder formalmente a partidas presupuestarias específicas, a la previsión de cargos y horas cátedra, y a los recursos materiales esenciales para su funcionamiento. Con el decreto de Figueroa, esa regularización se consolida en el máximo nivel del ordenamiento administrativo provincial.
Para la provincia de Neuquén, esta decisión representa un reconocimiento de que la educación en contextos de encierro es una prioridad. Los Centros de Formación Profesional en cárceles no son simples iniciativas de capacitación laboral, sino herramientas de reinserción social y promoción de derechos. Desde la dirección de ECPL subrayan que la formación profesional es clave para ampliar igualdad de oportunidades, potenciar inclusión educativa y laboral, y jerarquizar el trabajo docente en espacios de privación de libertad. Con la regularización formal, se asegura que cada institución cuente con las condiciones normativas e institucionales adecuadas para cumplir con su misión pedagógica sin depender de arreglos administrativos provisionales.
El decreto también refleja los ejes rectores de la gestión provincial: ordenar para redistribuir, institucionalizar para garantizar, y gestionar para ampliar derechos. En la práctica, esto significa que los docentes que trabajan en estos centros ahora tienen estabilidad laboral, que los estudiantes privados de libertad pueden acceder a programas de formación con recursos garantizados, y que el sistema educativo neuquino reconoce formalmente que la educación en cárceles es parte integral de su responsabilidad institucional. No es un gesto simbólico: es la diferencia entre funcionar con partidas provisionales o contar con presupuesto garantizado año a año.
Los Centros de Formación Profesional 39 y 41 funcionan dentro de establecimientos penitenciarios de la provincia de Neuquén. Son instituciones educativas diseñadas para ofrecer capacitación laboral y formación profesional a personas privadas de libertad.
¿Qué cambio real produce este decreto para los estudiantes y docentes?Con la regularización formal, docentes y estudiantes dejan de funcionar en una situación administrativa precaria. Los docentes acceden a estabilidad laboral y previsión de cargos; los estudiantes privados de libertad pueden acceder a programas de formación con recursos garantizados por presupuesto provincial, mejorando significativamente las condiciones educativas.
