Redacción Abierta
La provincia de Neuquén logró reducir significativamente los focos de incendios en el territorio administrado por la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), consolidando una tendencia positiva que refleja la efectividad de las nuevas inversiones en prevención y el despliegue territorial de recursos humanos especializados durante todo el año.
Los números hablan por sí solos: en 2024 se registraron 8 focos de incendio en la zona, cifra que bajó a 6 en 2025 y se redujo a solo 3 en lo que va de 2026. Más importante aún, la superficie total afectada en estos tres años fue apenas de 3,5 hectáreas. Este descenso es particularmente relevante considerando que estamos hablando de un territorio de enorme complejidad: 112.900 hectáreas donde el 77% corresponde a bosque nativo con presencia de araucarias, sumadas a 1.300 hectáreas de forestaciones de especies exóticas. Es decir, un ecosistema frágil y de alto valor ambiental que requiere protección permanente.
El factor humano detrás de los números. La clave del cambio está en el despliegue de 40 recorredores distribuidos estratégicamente en las cuencas de Quillén, Ruca Choroy, Ñorquinco, Moquehue y Lonco Luan. Estos equipos trabajan todo el año, no solo en temporada alta de riesgo. Daniel Salazar, presidente de la CIP, subrayó que «es muy importante que haya gente con amplio conocimiento del territorio». Esa presencia permanente genera un efecto disuasivo real y permite identificar riesgos incipientes antes de que se conviertan en emergencias. Más allá de incendios, estos recorredores asisten a las comunidades rurales con otras necesidades: apertura y recuperación de caminos, asistencia ante contingencias climáticas, relevamiento de necesidades locales. En las zonas de difícil acceso del Pulmarí, esa red territorial es fundamental.
Durante la temporada de mayor riesgo, las tareas se intensifican y se orientan específicamente a vigilancia, detección y alerta temprana, acompañadas por vehículos 4x4 de ataque rápido y apoyo aéreo con helicópteros del Gobierno provincial. La coordinación también incluye maquinarias para apertura de caminos y movimiento de suelos, todo articulado con la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego y la Administración de Parques Nacionales. Esa integración institucional es lo que permite responder de manera coordinada cuando surge un foco.
Impacto para las comunidades neuquinas. El resultado es directo: menos incendios significa mayor protección de los bosques nativos que rodean localidades como Junín de los Andes, Aluminé y otras comunidades de la región. La reducción de focos también implica menos riesgo de evacuaciones, menos pérdida de vidas silvestres, menor contaminación del aire y, en el mediano plazo, menor presión sobre los ecosistemas que dependen de esos bosques. La Corporación Interestadual Pulmarí, creada en 1988 como ente público autárquico de jurisdicción mixta (integrado por el Estado Nacional y la provincia), tiene entre sus objetivos precisamente preservar esa biodiversidad única de la Patagonia neuquina.
El trabajo que documenta este balance representa inversión estatal sostenida en prevención, un enfoque que históricamente genera menos costo social y económico que la respuesta a emergencias. En un contexto de cambio climático donde la variabilidad estacional es mayor, mantener esa presencia territorial y ese nivel de preparación es cada vez más crítico para la provincia.
La CIP es un ente público creado en 1988 que administra 112.900 hectáreas de bosque nativo en la región cordillerana neuquina, con jurisdicción mixta (Estado Nacional y provincia). Protege ecosistemas únicos con araucarias y aporta a la conservación ambiental y el bienestar de comunidades rurales como Aluminé y Junín de los Andes.
¿Cómo funcionan los 40 recorredores y qué hacen además de vigilar incendios?Los recorredores trabajan todo el año distribuidos en cinco cuencas del territorio. En temporada de riesgo, se dedican a prevención y alerta temprana de incendios. El resto del año apoyan a comunidades con apertura de caminos, asistencia ante emergencias climáticas y relevamiento de necesidades locales. Son la presencia estatal permanente en zonas de difícil acceso.
