Redacción Abierta
El Gobierno de la provincia de Neuquén presentó esta semana una denuncia penal ante la Justicia contra quien se desempeñaba como directora provincial de Prestaciones y Recupero Financiero del ministerio de Salud, acusada de presunta malversación de fondos públicos. La denuncia, articulada a través de la Fiscalía de Estado, surge de una auditoría interna que detectó irregularidades en la rendición de 21.307.500 pesos distribuidos en tres expedientes administrativos distintos, ninguno de los cuales pudo acreditar suficientemente el destino final del dinero.
El caso cobra particular relevancia en Neuquén en un momento en que la administración provincial lleva adelante una política explícita de control del gasto y transparencia en el manejo de recursos del Estado. El ministerio de Salud es uno de los organismos con mayor volumen presupuestario de la provincia, y el área de Recupero Financiero, precisamente, tiene como función captar y administrar los fondos que ingresan por prestaciones a obras sociales y seguros. Cualquier irregularidad en ese sector afecta directamente la capacidad del sistema sanitario público de reinvertir esos recursos en atención a la ciudadanía.
Según el informe técnico de la auditoría, las observaciones se concentran en tres expedientes. El primero involucra 7.837.500 pesos y detalla una serie de fallas que van desde la ausencia de autorizaciones jerárquicas hasta la concentración de funciones en una sola persona, sin controles internos que permitieran verificar los pagos a proveedores. El segundo, por 5.660.000 pesos, replica el mismo esquema: la funcionaria denunciada habría gestionado ella misma la solicitud, intervención y autorización del pago, sin los controles que establece la normativa. Además, las facturas presentadas tenían conceptos demasiado generales, no había remitos ni constancias de servicios efectivamente prestados. El tercer expediente suma 7.810.000 pesos y presenta inconsistencias similares en la justificación del gasto y ausencia total de documentación que vinculara los pagos con necesidades concretas de funcionamiento del área.
La hipótesis que el Estado provincial plantea ante la Justicia es que los fondos habrían quedado bajo la disponibilidad directa de la funcionaria, y que la documentación presentada posteriormente para justificar su uso no guarda correspondencia real con servicios prestados. Frente a ese escenario, la coordinación de Administración Financiera del ministerio rechazó las rendiciones, declaró la responsabilidad administrativa, remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la provincia y dio intervención a las áreas legales. La denuncia penal es el paso siguiente y el más contundente: implica que el Estado no solo actuó en el plano administrativo, sino que decidió llevar el caso a la esfera judicial con la pretensión de constituirse como querellante, es decir, de participar activamente en la investigación y no limitarse a ser un denunciante pasivo.
Para el vecino neuquino, el impacto de este tipo de casos es concreto aunque no siempre visible. Los fondos que maneja el área de Recupero Financiero del ministerio de Salud son, en su origen, dinero que el sistema público cobra por atender a pacientes con cobertura social o de empresas. Ese dinero debería reingresar al circuito sanitario para sostener insumos, equipamiento y personal. Cuando esos recursos no se rinden correctamente, el daño recae sobre la calidad de los servicios que reciben los pacientes en los hospitales públicos de toda la provincia. La investigación judicial deberá determinar si lo ocurrido fue un incumplimiento administrativo o una maniobra deliberada de desvío, pero el Gobierno ya dejó en claro que no tolerará la zona gris entre ambas posibilidades.
Es la dirección del ministerio de Salud encargada de facturar y cobrar a obras sociales, prepagas y seguros por las prestaciones que el sistema público brinda a personas con cobertura. Es decir, administra el dinero que el Estado recupera cuando atiende a pacientes que tienen algún tipo de seguro médico. Esos fondos se reinvierten en el funcionamiento del sistema sanitario público provincial.
¿Qué puede pasar ahora con la ex funcionaria denunciada?La Justicia deberá investigar si las irregularidades constituyeron un delito penal, como malversación o defraudación al Estado. Si la causa avanza, la ex funcionaria podría ser imputada formalmente. En paralelo, el Tribunal de Cuentas analizará su responsabilidad en el plano administrativo, lo que podría derivar en sanciones patrimoniales independientes del resultado judicial.
