Redacción Abierta
El gobierno de Neuquén envió este lunes 8 de junio a la Legislatura provincial el acta acuerdo firmada el pasado 4 de junio entre la provincia y YPF S.A. para impulsar el Proyecto GNL, la iniciativa que busca convertir el gas de Vaca Muerta en Gas Natural Licuado (GNL) destinado a mercados externos, especialmente el asiático. El convenio establece una garantía fiscal de 30 años, un régimen especial de regalías con alícuotas de entre el 7,5% y el 12%, y un compromiso de YPF de invertir hasta 175 millones de dólares en infraestructura en la provincia.
El envío a la Legislatura marca un paso formal y concreto en una negociación que lleva meses madurando. Neuquén produce hoy más del 50% del gas no convencional del país, y Vaca Muerta concentra reservas que la ubican entre las formaciones más importantes del mundo. Sin embargo, la falta de infraestructura de licuefacción y transporte específica ha sido históricamente el cuello de botella que impidió trasladar esa abundancia de recursos a los mercados internacionales, donde el GNL cotiza muy por encima del precio doméstico. El proyecto busca precisamente romper ese límite estructural.
El acuerdo abarca cinco nuevas concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos solicitadas por YPF sobre bloques ya conocidos: Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, y Aguada Villanueva Norte. Todas quedan enmarcadas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), condición sine qua non para acceder a la estabilidad fiscal garantizada. El esquema de regalías previsto es variable y se indexa al índice JKM (Japan Korea Marker), el indicador de referencia del mercado asiático de GNL: cuando los precios internacionales son bajos, la alícuota desciende al 7,5%; cuando suben, puede llegar al 12%. Ese mecanismo busca equilibrar la competitividad del proyecto con la captura de renta provincial en escenarios favorables.
Otro punto saliente es la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para operaciones realizadas entre Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI cuando la producción tenga destino exportador. Esta definición es relevante porque apunta directamente a reducir la presión tributaria sobre la cadena de valor del GNL en territorio neuquino, algo que en la negociación con inversores internacionales marca diferencia frente a otros proyectos competidores en el mundo. YPF tiene un plazo máximo de 24 meses para notificar la decisión final de inversión y acreditar el financiamiento internacional necesario para ejecutar el proyecto.
Para el vecino neuquino, las consecuencias de este acuerdo no son abstractas. La construcción de infraestructura dedicada, incluyendo un gasoducto específico para abastecer el complejo exportador, implica empleo directo e indirecto en toda la cadena de la industria hidrocarburífera. Los 175 millones de dólares comprometidos por YPF en obras o aportes equivalentes deberán, según el propio texto del acuerdo, traducirse en mejoras concretas para las comunidades vinculadas al desarrollo gasífero: infraestructura, servicios y condiciones de vida. Además, una mayor producción exportable amplía la base de regalías provinciales, lo que en el mediano plazo fortalece las finanzas públicas neuquinas y su capacidad de inversión en salud, educación y obras públicas. El gobernador Rolando Figueroa lo resumió en términos directos: el proyecto permitirá monetizar a gran escala los recursos gasíferos que hoy salen de Vaca Muerta.
Implica que el gas producido en la provincia, en lugar de venderse solo al mercado interno a precios regulados, se licua y exporta a precios internacionales mucho más altos. Eso genera más regalías para la provincia, más empleo en la construcción y operación de infraestructura, y mayor actividad económica en las localidades del interior neuquino vinculadas a la industria hidrocarburífera.
¿Por qué la garantía fiscal de 30 años es tan importante para este tipo de proyecto?Los proyectos de GNL requieren inversiones iniciales enormes que solo se recuperan en el largo plazo. Sin previsibilidad sobre las reglas impositivas durante décadas, los inversores internacionales no arriesgan capital. La garantía de 30 años es, en la práctica, la condición mínima que exige cualquier financista global para comprometer fondos en un proyecto de esta escala en Argentina.
