Redacción Abierta
El gobernador Rolando Figueroa marcó un punto de inflexión en la estrategia provincial hacia Vaca Muerta: no es que hayan cambiado las empresas operadoras, sino que cambió la decisión política de quién manda en la relación. En declaraciones recientes, el mandatario neuquino enfatizó que el Gobierno provincial pasó de una posición de debilidad institucional, donde suplicaba anticipos para pagar sueldos, a un esquema de corresponsabilidad donde exige y obtiene financiamiento directo de las petroleras para obras estratégicas, infraestructura vial, becas universitarias y formación de mano de obra local.
Este giro es central para entender la provincia de Neuquén en 2026. Desde que Figueroa asumió en diciembre de 2023, la narrativa cambió radicalmente. Mientras la administración anterior iba, según palabras del propio gobernador, "de rodillas a pedirle por favor a las operadoras" que anticiparan recursos para cubrir obligaciones fiscales básicas, hoy el Estado provincial se posiciona como un actor que regula, condiciona y exige inversión de retorno a cambio de acceso a las concesiones hidrocarburíferas. Es un cambio de rol que trasciende la retórica política y toca el músculo económico de la región.
La estrategia concreta funciona así: las operadoras prefinancian obras que les benefician directamente mediante reducción de costos logísticos y operativos. Pero esa inversión no es voluntaria sino condicionada. Figueroa explicitó qué demanda el Estado: fondos para becas universitarias, dinero para infraestructura vial que conecte mejor los yacimientos, institutos de formación técnica para personal neuquino, y participación económica creciente de empresas locales en la cadena de valor. Las compañías que no cumplen con requisitos mínimos de inversión pierden sus concesiones. Esto es distinto a cualquier negociación anterior donde el sector privado tenía más poder de fuego que la administración pública.
La provincia de Neuquén representa el 1,5% de la población argentina pero genera casi el 6% del producto bruto interno nacional, una concentración de riqueza que históricamente no se tradujo en mejora equivalente de servicios públicos ni infraestructura. Figueroa recuperó el argumento de que Neuquén está sub-representada en la coparticipación federal: el coeficiente de distribución data de 1988 y sigue siendo muy inferior al de otras provincias. Ante el retiro relativo de Nación del financiamiento de obra pública, la solución fue girar el torniquete hacia el sector privado. Esa decisión política es lo que Figueroa subraya como el verdadero cambio.
Sobre la mesa también están iniciativas de diversificación. La Provincia está coordinando con operadoras pruebas piloto para agricultura y ganadería en la región de Vaca Muerta, con estudios de suelo a cargo de las propias empresas. Además, hay proyectos conjuntos para generación de energía limpia que reduzcan emisiones de metano, un doble ganancia: menor impacto ambiental y beneficios operacionales para la industria. Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la empresa estatal, participa activamente en estos emprendimientos, fortaleciendo la presencia del Estado en el control y la apropiación de valor de los recursos provincianos. Estos movimientos son parte de una lógica más amplia de exigencia estructural que antes no existía.
Para el vecino neuquino, este cambio de paradigma es traducible en términos concretos: más becas para estudios superiores, mejor conectividad vial en zonas de extracción (con impacto en turismo y movilidad general), formación técnica accesible, y potencialmente más empleo local si se cumplen las obligaciones de contratación local que están siendo negociadas. Es decir, la riqueza petrolera comienza a distribuirse mediante mecanismos menos discrecionales y más vinculados a exigencias institucionales. Eso no garantiza equidad ni elimina la dependencia del sector extractivo, pero marca un cambio en cómo se ejerce poder desde la provincia. Neuquén deja de ser un territorio donde el sector privado negociaba con un gobierno fragilizado por crisis fiscal, y pasa a ser un espacio donde el Estado provincial recupera capacidad de decisión sobre sus propios recursos naturales.
Significa que el Gobierno provincial dejó de negociar desde una posición débil donde las petroleras imponían condiciones, y pasó a imponer obligaciones de retorno social: las empresas deben financiar obras, becas y formación profesional a cambio de mantener sus concesiones. Es un giro de poder institucional.
¿Quién paga realmente las becas y las obras de infraestructura?Las operadoras las prefinancian, pero se benefician directamente con reducción de costos logísticos y operativos. El Estado provincial las condiciona como requisito de operación. Es una inversión que las empresas recuperan, pero también es una exigencia que antes no existía.
