Redacción Abierta
El Gobierno de Neuquén reunió este jueves a productores y apoderados mineros en el Museo Olsacher de Zapala para continuar construyendo de forma participativa la actualización del Código de Procedimientos Mineros, una norma que lleva más de cinco décadas sin cambios significativos y que regulará los procedimientos administrativos, técnicos y ambientales de la actividad en la provincia.
La iniciativa responde a una necesidad estructural del estado neuquino. La normativa vigente, la Ley provincial 902/75, se encuentra obsoleta frente a los desafíos actuales que enfrenta tanto la minería como el territorio provincial. La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, fue enfática al respecto: "Neuquén necesita dejar atrás una normativa pensada hace más de cinco décadas y contar con una herramienta moderna, clara y adecuada a los desafíos actuales". Esta declaración resume la urgencia de una reforma que no es meramente técnica, sino que busca modernizar la relación del estado con una actividad económica relevante en sectores del territorio neuquino.
Lo que distingue este proceso es su metodología participativa. A diferencia de reformas normativas que se elaboran en despachos ministeriales, la provincia neuquina ha optado por escuchar directamente a quienes desarrollan la actividad minera. Esteves subrayó que "esta reforma normativa no se construyó desde un escritorio. Escuchamos al sector, incorporamos sus aportes y volvimos a encontrarnos para explicar con claridad el alcance del proyecto que hoy debate la Legislatura". Esta estrategia de construcción conjunta tiende a generar mayor legitimidad en el sector y reduce resistencias futuras a su implementación.
Durante la jornada de trabajo en Zapala, especialistas y funcionarios abordaron varios ejes concretos de la reforma. El doctor Elías Salazar realizó una exposición comparativa detallada entre el proyecto en elaboración y la norma de 1975, permitiendo a los participantes visualizar las modificaciones propuestas. Entre los puntos centrales analizados figuraron el régimen de plazos para la caducidad de derechos de propiedad minera, un aspecto crítico que busca mayor claridad y previsibilidad; la relación territorial entre actividades mineras e hidrocarburíferas, particularmente en zonas donde existe superposición de concesiones y permisos; y el mejoramiento de plazos administrativos para agilizar tramitaciones sin descuidar controles legales, técnicos y ambientales. También se evaluaron las dimensiones previstas para canteras y su adecuación a características de proyectos productivos según las zonas donde operan.
La participación fue representativa: estuvieron presentes el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori; el director provincial de Minería, Carlos Portilla; asesores legales del organismo y representantes directos de la actividad minera. Esta composición garantizó que el diálogo incluyera perspectivas tanto gubernamentales como del sector privado. Esteves también anunció que este mismo proceso de actualización participativa se replicará en la normativa ambiental que complementa y regula la actividad minera, señalando un compromiso integral: "queremos una minería que genere trabajo y oportunidades para los neuquinos, con seguridad jurídica, controles eficientes y un compromiso irrenunciable con el cuidado del ambiente".
Para el vecino neuquino, esta reforma tiene implicancias concretas. Una normativa moderna y clara reducirá los tiempos de tramitación de permisos y derechos mineros, fomentando mayor seguridad jurídica en el sector y, potencialmente, atrayendo nuevas inversiones productivas. Además, la actualización de procedimientos ambientales promete mayor claridad en los controles, lo cual beneficia a comunidades locales al definir estándares más precisos para la actividad. En zonas como Zapala y otras del Alto Neuquén donde la minería tiene relevancia económica, una normativa actualizada puede generar oportunidades laborales y desarrollo productivo, siempre que mantenga el equilibrio con la protección ambiental que la provincia ha priorizado como línea política.
El proceso continúa en la Legislatura provincial, donde el proyecto de código deberá debatirse antes de su sanción definitiva. Los aportes recogidos en estas jornadas de trabajo serán incorporados en la revisión del texto, asegurando que la voz del sector productivo tenga peso en la redacción final de una norma que regirá la actividad durante décadas.
La Ley 902/75 tiene más de cinco décadas y no contempla los desafíos actuales de la actividad minera ni su relación con otras industrias como los hidrocarburos. Una normativa moderna mejora plazos, claridad y seguridad jurídica para productores, además de actualizar controles ambientales.
¿Cuándo entra en vigor la nueva normativa?El proyecto se debate actualmente en la Legislatura provincial. Una vez sancionado, el Poder Ejecutivo establecerá un período de implementación. Los aportes recogidos en las reuniones participativas serán considerados antes de la redacción final del texto.
