Redacción Abierta
La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles en general el proyecto de ley del gobernador Rolando Figueroa que ratifica un acuerdo histórico entre la Provincia y 15 empresas operadoras de Vaca Muerta para financiar obras de pavimentación y repavimentación en 158 kilómetros de las rutas provinciales 7, 8 y 51. Con el voto de 22 diputados de ocho bloques políticos, la iniciativa avanzó hacia su sanción definitiva y representa un cambio de paradigma en cómo Neuquén financia su infraestructura vial.
El contexto es crítico: la provincia arrastra décadas de atraso en mantenimiento y ampliación de sus redes viales, especialmente las que conectan la región productiva de Vaca Muerta. Las rutas 7, 8 y 51 son arterias vitales para la circulación de personal, insumos y equipamiento que demanda la industria del petróleo y gas no convencional, pero también son usadas por transportes de carga, turistas y vecinos locales. El deterioro acumulado en kilómetros de estas vías representaba un cuello de botella tanto para la economía provincial como para la seguridad vial. Figueroa encontró en el acuerdo con las operadoras una salida pragmática a la falta de presupuesto provincial.
El esquema es novedoso: las empresas adelantarán 177 millones de dólares a tasa cero, mientras que la Provincia ejecutará las obras y recuperará los fondos mediante descuentos sobre las regalías que las operadoras deben pagar regularmente. No hay intereses ni cargas adicionales. El período de devolución comenzará en 30 meses, lo que le da tiempo a la administración provincial para certificar la calidad de las obras. El diputado Damián Canuto (PRO-Nuevo Compromiso Neuquino) explicó durante el debate que los fondos tendrán una afectación específica y que cada operadora certificará las obras realizadas, garantizando transparencia en la ejecución.
El acuerdo incluye una cláusula de peaje para los vehículos de las operadoras que utilicen estos tramos intervenidos, mientras que los vehículos particulares neuquinos estarán exentos del pago. El diputado Francisco Lepore (PRO) destacó que esto representa una participación justa de las empresas petroleras en el financiamiento de la infraestructura que ellas mismas utilizan de manera intensiva. El debate legislativo giró en torno a las ventajas financieras del esquema: un financiamiento en dólares a tasa cero es prácticamente imposible de conseguir en los mercados internacionales de crédito, especialmente para un estado provincial. La iniciativa también se alineó con otras estrategias que el gobierno provincial viene implementando, como el acuerdo con YPF para el bypass de Añelo mediante aportes a un fideicomiso.
Para el vecino neuquino, esto significa que en los próximos meses y años verá mejoras tangibles en las rutas que conectan la región de Vaca Muerta con los principales centros urbanos de la provincia. Los 158 kilómetros de pavimentación y repavimentación reducirán tiempos de traslado, mejorarán la seguridad vial y facilitarán el comercio local. Además, el proyecto genera un precedente institucional: demuestra que es posible hacer infraestructura mediante acuerdos público-privados donde ambas partes se benefician. Para las operadoras, reduce su carga tributaria mediante créditos fiscales. Para Neuquén, consigue obras urgentes sin endeudar más el tesoro provincial.
El proyecto fue aprobado en general y aún falta su sanción definitiva en la Legislatura. La Provincia no ha comunicado un cronograma específico, pero una vez sancionado, el Ejecutivo podrá iniciar el proceso licititario y de ejecución. Se espera que durante 2027 comiencen los trabajos.
¿Quién fiscaliza que las obras se hagan bien si las empresas están financiando?La Provincia es responsable de ejecutar las obras y cada operadora certificará los tramos que financia. Además, existe un mecanismo de descuentos en regalías condicionados a la calidad y cumplimiento de las obras, lo que incentiva que se hagan correctamente. El Estado neuquino mantiene el control técnico y administrativo del proyecto.
El proyecto será sometido a votación en particular en próximas sesiones legislativas para su sanción definitiva.
