Redacción AbiertaEl Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén finalizó durante la semana del 14 de julio de 2026 la segunda etapa de narcotests obligatorios para funcionarios de gobierno, un proceso que alcanzó en esta instancia incluso a dos ministros del gabinete provincial. La medida, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y respaldada por la Ley 3531, ratifica que ningún cargo queda exento del control toxicológico, sin importar la jerarquía de quien lo ocupe.
La implementación de estos controles en Neuquén no es una iniciativa aislada. Desde que Figueroa asumió la gobernación, su administración colocó la transparencia y la integridad institucional como ejes centrales de la gestión pública. En ese marco, la Ley 3531 estableció un esquema de monitoreo periódico que convierte al Poder Ejecutivo neuquino en uno de los pocos en el país que somete de manera sistemática y obligatoria a sus funcionarios a este tipo de exámenes. La primera tanda se realizó meses atrás, y esta segunda ronda confirma que el proceso no fue un gesto simbólico sino una política sostenida.
El esquema funciona con una periodicidad trimestral y tiene como meta cubrir la totalidad de los funcionarios y funcionarias alcanzados por la ley durante el transcurso de la gestión actual. En esta segunda tanda, el hecho de que dos ministros hayan sido testeados marca un punto de inflexión: deja en claro que la normativa se aplica de arriba hacia abajo, sin excepciones por rango ni por cercanía al poder. El procedimiento está diseñado además con garantías legales concretas: no funciona como condición de ingreso a la función pública, sino como herramienta de supervisión sobre el ejercicio del cargo. Ante un resultado positivo confirmado, el funcionario o funcionaria cesa en su designación política o jerárquica y regresa a su categoría de planta, donde recibe la contención de salud necesaria como paciente, no como infractor.
El sistema contempla salvaguardas que protegen los derechos individuales. Toda la información queda registrada en la Historia Clínica Digital Única, con acceso restringido exclusivamente al agente involucrado y al personal médico autorizado, bajo protocolos estrictos de confidencialidad. Además, se garantiza la cadena de custodia de las muestras y el derecho a solicitar una contraprueba en un laboratorio independiente dentro de las 24 horas de conocido el resultado, con la posibilidad de contar con peritos de parte. Estas garantías son fundamentales para que el mecanismo tenga legitimidad jurídica y no pueda ser cuestionado en instancias administrativas o judiciales.
Para el vecino neuquino, este tipo de control tiene un impacto directo aunque no siempre visible: quienes toman decisiones sobre obras, servicios, presupuesto y políticas públicas están sujetos a un estándar de integridad verificable y documentado. En un contexto en el que la ciudadanía demanda cada vez más rendición de cuentas a sus gobernantes, la aplicación de narcotests trimestrales a todo el espectro del Ejecutivo, desde funcionarios de segunda línea hasta ministros, instala una cultura de responsabilidad que pocas provincias argentinas pueden mostrar con evidencia concreta. El cierre de esta segunda tanda deja abierto el calendario para una tercera ronda antes de que termine el año, consolidando un ciclo de monitoreo que, si se sostiene, marcará un precedente institucional de peso en la región.
Pierde su designación política o jerárquica y regresa a su categoría de planta permanente, donde recibe la contención de salud correspondiente como paciente. No se trata de una sanción penal sino de una medida administrativa que prioriza también el cuidado de la persona.
¿Cada cuánto tiempo se realizan estos controles en el gobierno provincial?La periodicidad establecida es trimestral. El objetivo es completar el ciclo con todos los funcionarios alcanzados por la Ley 3531 a lo largo de la gestión. Con esta segunda tanda finalizada en julio de 2026, se espera una tercera ronda antes de que termine el año.
