Redacción Abierta
La dirección provincial de Protección al Consumidor de Neuquén puso en vigor este miércoles 10 de junio de 2026 la Disposición N°116/26, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, que reglamenta el artículo 45 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N°24.240. La norma establece dos mecanismos concretos: la creación de un sistema de resguardo para los depósitos previos exigidos al apelar una multa, y la posibilidad de pagar esa multa con un descuento de hasta el 30 por ciento dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación.
El dato no es menor en el contexto neuquino. La provincia cuenta con una dirección de Protección al Consumidor activa que tramita reclamos contra comercios, empresas de servicios y proveedores en general, y hasta ahora enfrentaba un obstáculo concreto: la ley nacional ya preveía el depósito previo para apelar sanciones, pero su aplicación práctica chocaba con problemas administrativos a la hora de devolver esos fondos cuando una resolución era revocada por la Justicia. Ese escollo generaba inseguridad jurídica para el organismo y, en los hechos, impedía aplicar plenamente la herramienta.
Con la nueva disposición, el organismo resuelve ese punto creando un mecanismo específico de resguardo de los montos depositados hasta que la sanción quede firme. De esa manera, si un comerciante multado decide apelar, deberá depositar el total de la sanción, que permanecerá reservado durante el proceso. Si la apelación prospera y la multa es revocada judicialmente, el depósito se devuelve. Si la sanción queda confirmada, los fondos ingresan al Estado provincial. El esquema replica una lógica ya aplicada en otras jurisdicciones del país y, según los propios fundamentos de la norma, toma como antecedente medidas similares implementadas recientemente a nivel nacional.
El segundo componente de la Disposición N°116/26 apunta directamente a desjudicializar conflictos. Quien reciba una multa tendrá diez días hábiles desde la notificación para optar por el pago voluntario con una quita de hasta el 30 por ciento del monto impuesto. La condición es clara: reconocer la infracción, aceptar la sanción y renunciar a presentar recursos de apelación. Para los proveedores, la ecuación puede resultar conveniente cuando el monto de la multa no justifica los costos de un proceso judicial prolongado. Para el Estado provincial, el beneficio es doble: cobra más rápido y evita el gasto administrativo y legal que implica cada litigio.
Para los vecinos y consumidores neuquinos, el impacto más directo es el fortalecimiento del poder real de fiscalización del organismo. Un sistema de multas que se cobra efectivamente, y no queda paralizado por disputas procesales, tiene más peso disuasorio sobre comercios y proveedores que incumplen la normativa. En términos prácticos, eso se traduce en mayor presión sobre quienes no respetan los derechos del consumidor, como el acceso a información adecuada, la publicidad de precios o las condiciones de garantía, derechos que la propia Constitución de la Provincia del Neuquén reconoce expresamente para consumidores y usuarios.
Deberá depositar el monto total de la multa antes de presentar el recurso de apelación, tal como lo exige el artículo 45 de la Ley N°24.240. Ese depósito quedará resguardado hasta que la sanción quede firme. Si la apelación prospera y la multa es revocada, el dinero se devuelve. La Disposición N°116/26 resolvió el mecanismo administrativo que antes impedía aplicar este requisito en la provincia.
¿Cómo puede un consumidor neuquino saber si la multa a un comercio que lo perjudicó se hará efectiva?La nueva normativa apunta precisamente a que las sanciones que impone la dirección provincial de Protección al Consumidor se cobren de manera efectiva y más ágil, ya sea a través del depósito previo en caso de apelación o del pago voluntario con descuento. Eso fortalece la capacidad real del organismo de hacer cumplir la ley, aunque el seguimiento puntual de un expediente puede consultarse directamente en la dirección provincial.
