Redacción Abierta
La comisión interpoderes encargada de redactar el nuevo Código Procesal de Familia de Neuquén arrancó este martes 26 de mayo con la primera reunión formal de trabajo, con participación de representantes de los tres poderes del Estado, legisladores, universidades, colegios profesionales y fuerzas de seguridad. El cuerpo tiene como fecha límite el mes de octubre de 2026 para sancionar el nuevo instrumento, que reemplazará al régimen procesal vigente en el fuero de familia.
El inicio de este proceso no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia de modernización judicial impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, cuyo primer hito fue la sanción del Código Procesal Civil y Comercial adversarial, un antecedente directo que sirvió de modelo metodológico para esta nueva etapa. La comisión interpoderes que hoy retoma el trabajo fue creada en abril de 2025 mediante la resolución 1229 y ya tiene en sus manos un anteproyecto concreto de 314 artículos elaborado por la reconocida jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, quien conduce técnicamente el proceso.
La reunión de apertura estuvo encabezada por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, y el titular de la comisión, Ernesto Novoa, del bloque Comunidad. El Poder Ejecutivo participó a través de la subsecretaria Legal y Técnica de la provincia, María Laura Du Plessis, quien ponderó la continuidad de la metodología de trabajo aplicada en la reforma civil. Novoa fue más directo al definir la situación: calificó el debate como el «último tramo» de la iniciativa del gobernador para modernizar los códigos procesales neuquinos. La bancada legislativa estuvo representada por diputados de Comunidad, MPN, Democracia Neuquén, PRO-NCN y Arriba Neuquén, lo que refleja un consenso amplio entre las principales fuerzas políticas de la provincia.
Uno de los datos más contundentes que aportó la reunión lo dio Pablo Carballal, de la dirección de Planeamiento de la Policía provincial: el 33% de todas las denuncias que recibe la fuerza corresponden a violencia familiar. Ese número, que la Policía considera central para diseñar el nuevo régimen procesal, grafica por qué Neuquén necesita una normativa específica y actualizada para el fuero de familia. A ese diagnóstico se sumó la defensora general Vanina Merlo, del Ministerio Público de la Defensa, quien advirtió que el nuevo código deberá articularse con otros cambios normativos en marcha a nivel nacional, entre ellos la implementación del nuevo sistema penal juvenil prevista para septiembre de 2026 y la posible reforma de la ley de salud mental. El proceso de discusión, además, tiene un carácter federal dentro de la provincia: se prevé la participación de distintos sectores en las siete regiones neuquinas, siguiendo la misma lógica territorial que caracterizó al debate del Código Procesal Civil.
Para el vecino neuquino, la aprobación de este código implica cambios concretos en los procesos judiciales vinculados a divorcios, alimentos, tenencia de hijos, violencia familiar y cuidado de personas mayores o con discapacidad, entre otros. Un código actualizado y adaptado a la realidad provincial puede significar procedimientos más ágiles, plazos más claros y una justicia de familia más cercana a quienes la necesitan. Si la comisión cumple con el plazo de octubre, Neuquén podría cerrar el año con los dos pilares de su reforma procesal completados, algo que ninguna gestión anterior logró en este terreno.
El nuevo código establecerá reglas de procedimiento actualizadas para todos los juicios del fuero de familia en Neuquén, como divorcios, alimentos, tenencia de hijos, violencia familiar y cuidado de personas mayores o con discapacidad. El objetivo es que los procesos sean más ágiles y adaptados a la realidad provincial.
¿Cuándo entraría en vigencia el nuevo código?La comisión interpoderes tiene plazo hasta octubre de 2026 para que la Legislatura sancione el texto definitivo. Una vez aprobado, la entrada en vigencia dependerá de los plazos de implementación que fije la propia norma, que podrían incluir un período de transición.
